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Más habitualmente de lo que querríamos, después de un procedimiento de divorcio o separación de una pareja, cuando se supone que todo ha quedado concretado en una sentencia o resolución judicial y se ha acabado, el, muchas veces sangriento, proceso judicial, vienen los incumplimientos: Inobservancia de las estipulaciones establecidas en la Sentencia, incluso aún cuando éstas han sido acordadas de mutuo acuerdo por las partes.

Vaya por delante, que los incumplimientos del régimen de comunicación y estancias pueden ser causados por los dos progenitores, esto es, por el progenitor no custodio que incumple su deber de comunicación con su hijo y por el progenitor custodio que entorpece injustificadamente las visitas del menor con el otro progenitor.

En cualquiera de los dos casos, la ley ofrece ciertos instrumentos para sancionar tales conductas y habrán de utilizarse llegado el caso.

La primera de ellas es la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre las medidas contenidas en la sentencia. Mediante este procedimiento pedimos al mismo Tribunal que dicto la sentencia que dado el incumplimiento de este obligación no pecuniaria, imponga al progenitor incumplidor multas coercitivas por todo el tiempo que sea necesario.

En segundo lugar, si el incumplimiento fuera reiterado podremos solicitar la modificación del régimen de guarda y visitas.

Además si nos encontramos ante un caso en el que es el progenitor quien intenta inducir al menor a infringir el régimen de custodia y visitas, se podrá presentar denuncia contra el mismo para que sea condenado, en este caso por un Juez de la jurisdicción penal, con la pena de prisión cuya duración podrá ir desde los seis meses a los dos años.

Del mismo modo, dado que cuando estamos ante un incumplimiento del régimen de comunicación lo que se está produciendo es un incumplimiento del deber de asistencial, la persona infractora, depende de las circunstancias, podría ser castigada, incluso con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. Todo ello, sin perjuicio de que, dependiendo del caso, se podrían decretar la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad de cuatro a diez años.

Desgraciadamente y pese a contar con estas herramientas jurídicas sus consecuencias, no van más allá de la sanción al progenitor que quebranta las medidas acordadas judicialmente. ¿Pero que hay de los menores sobre los que se ha de cumplir este régimen de comunicación?

Los cambios a los que se podría acceder con las herramientas citadas, no siempre benefician al menor, dado que están centradas en sancionar a quien obstaculiza el régimen de comunicación o lo incumple. En ocasiones y desde el punto de vista del interés superior del menor, no siempre un cambio de guarda y custodia es la mejor opción; incluso la privación de la patria potestad en los casos más extremos, puede perjudicar el desarrollo emocional de este menor. En estos casos y ante la acreditación del perjuicio al desarrollo psíquico-afectivo y de la personalidad del menor, como consecuencia de la obstaculización de alguno de los progenitores al régimen de comunicación establecido para con el hij@, podría incluso plantearse un resarcimiento económico por los perjuicios causados en el menor que ha visto menoscabados su derechos fundamentales.

En cualquier caso, y pese a las críticas que puedan realizarse a las herramientas de las que hoy disponemos, esta claro que ante un quebrantamiento del régimen de comunicaciones acordado por la autoridad judicial, el único perjudicado es el menor y es el menor el que está en peligro. De modo que, ante una situación así, se debe actuar con premura y hacer uso de las garantías que legalmente se establecen y que se adecuen al caso concreto, para garantizar el bienestar de los menores y velar por el interés superior de nuestros  hij@s.

Post Author: Reyes Goikoetxea

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